Mexicanos buscando asilo: Una faceta de los enredos políticos entre México y los Estados Unidos

(Raymundo Aguirre/Borderzine.com)

(Raymundo Aguirre/Borderzine.com)

EL PASO, Texas – Una joven mujer policía se siente atrapada viviendo en una abismal desesperación después de haber escapado de una población mexicana cerca de la frontera. Ella trató de defender la ley en una sociedad alimentada por la narco-violencia, pero enfrentó una oposición infranqueable. Ahora su único escape depende de la incertidumbre del sistema legal de los Estados Unidos.

“Tienes que salir huyendo como las ratas porque no sabes ni de quien cuidarte”, dice con desesperación resignada. “Sientes que todos te quieren matar”.

Esta mujer, que rehúsa dar su nombre debido a que su vida está en peligro, ha visto lo peor de su sociedad de los conocidos criminales y aquellos que se supone deben defender la justicia. Las líneas entre los dos son usualmente indistinguibles.

“A todos les debe ser muy sencillo, pero ni es fácil ni sencillo, porque no hay en quien confiar, ya no vives, ya no duermo, no dejo de pensar” dijo.

Su historia es ahora una estadística desconocida en medio de las miles de solicitudes de asilo de México que inundan las cortes migratorias de los Estados Unidos y cuyos jueces difícilmente se derretirán ante emotivas súplicas.

Más de 35,000 han muerto en el fuego cruzado desde que el Presidente Felipe Calderón declaró la guerra a los narco-carteles en 2006. En el caos para escapar de la abrumadora brutalidad, miles han buscado el asilo sólo para ser rechazados por las cortes estadounidenses. Algunos defensores del asilo sostienen que no solo hay una disparidad entre la política de asilo en los Estados Unidos, sino también una reticencia para aceptar solicitudes debido al potencial dilema diplomático que tal acción podría causar entre Estados Unidos y México.

“El gobierno estadounidense está renuente a otorgar asilo político a los solicitantes mexicanos porque eso significa reconocer que la ayuda de Washington está financiando abusos militares en contra de la población civil mexicana”, dijo Carlos Spector, un abogado especializado en asilo en El Paso, Texas.

Varios funcionarios difieren del argumento de que factores de ideología política intervienen en las decisiones sobre asilo en los Estados Unidos, mientras que otros deliberan sobre sus consecuencias.

El juez jubilado Bruce Einhorn, que ayudó a diseñar la moderna ley de asilo de 1980, explica que aunque la ley prohíbe al gobierno federal interferir políticamente en las decisiones de asilo, no excluye la existencia de presión diplomática entre los jueces estadounidenses.

“Hay un sentimiento en el poder ejecutivo de nuestro gobierno de que la relación debe ser tan tranquila como sea posible, y como resultado, si usted lee el informe de derechos humanos del Departamento de Estado sobre México, el cual es parte de la evidencia que usan los jueces de asilo, va a encontrar que hay una descripción delicadamente desgastada sobre la democracia en México”, dijo Einhorn. “Los problemas que afectan los derechos humanos en México se manejan muy cautelosamente”.

Hay también una creciente incertidumbre sobre la dirección de la relación bilateral a raíz de las recientes revelaciones de los cables en Wikileaks.

Carlos Pascual, embajador de los Estados Unidos en México, renunció en marzo, después de que los cables mostraron sus declaraciones sobre el fracaso del ejército mexicano para actuar después de recibir información de inteligencia. Wikileaks también arrojó luz sobre la participación activa del gobierno estadounidense en los asuntos de seguridad de México, lo cual han rechazado funcionarios mexicanos.

John Ritchie, anteriormente coordinador oficial de Asuntos Fronterizos entre México y Estados Unidos, resumió la relación como “un matrimonio difícil, pero el divorcio no es una posibilidad ”

“La relación es frustrante a veces, pero ninguno considera realmente que esto va a ser una ruptura”, dijo Ritchie.

La oficina ejecutiva de revisiones migratorias (Executive Office of Immigration Review en inglés) reportó que más de 3,200 mexicanos solicitaron asilo en 2010 y 1,671 solicitudes fueron rechazadas. Sólo se otorgaron 49.

En comparación, 234 solicitudes presentadas por Colombia fueron aceptadas de un total de 563 recibidas, y de China se recibieron 10,087 de las cuales se aprobaron 3,795 el año pasado, de acuerdo con EOIR.

A pesar de las claras disparidades, las explicaciones claras de porqué los mexicanos que buscan asilo, vistos más como refugiados por mucho de cara a la turbulencia social sin precedentes y las violaciones a los derechos humanos, no reciben las mismas consideraciones que aquellos de otros países, permanece sin aclarar.

El debate se detiene en la implicación de que aprobar más casos de México podría saturar las ya saturadas cortes migratorias de Estados Unidos, con un retraso en las peticiones de asilo debido a la proximidad geográfica con México. Aunque la violencia es causa para consideración por compasión, es dudoso esperar un cambio importante en la política de asilo de Estados Unidos.

Gustavo de la Rosa Hickerson, visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para atención de víctimas, piensa lo contrario. Dice que el gobierno de Estados Unidos no debe fundamentar el asilo en políticas sino en vida o muerte.

“Ellos los están regresando a que se mueran,” dijo De la Rosa Hickerson. De la Rosa Hickerson agregó que los Estados Unidos deben asumir mayor responsabilidad en la protección a mexicanos que desean huir de la violencia ya que ellos son los principales consumidores de los narcóticos mexicanos.

La vida en México, es una aventura peligrosa especialmente para periodistas, empresarios, policías y defensores de los derechos humanos. Mientras tanto, incluso civiles enfrentan diariamente amenazas de intimidación y miedo mientras los carteles continúan burlándose del proceso democrático.

Un estudio reciente muestra que 230,000 personas han sido desplazadas en México, y aproximadamente la mitad han buscado refugio en los Estados Unidos, de acuerdo con el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno. El estudio indica que hay poco apoyo del gobierno mexicano para el desplazamiento interno.

“Lo que estamos viendo es una masacre,” dijo Eduardo Beckett, un abogado especializado en asilo del Centro de las Américas en El Paso, Texas.

El percibe que los oficiales de Estados Unidos están evadiendo las solicitudes de asilo de mexicanos como declaraciones frívolas. “ICE (La Agencia de Aduanas y Migración, por sus siglas en inglés), en particular, sus abogados presentan a México como un gran país que respeta los derechos humanos.”

Beckett no ha ganado un caso en los últimos tres años.

En todo el país, los jueces han negado el 86 por ciento de las solicitudes de asilo procedentes de México entre 2008 y 2010, de acuerdo con TRAC, una base de datos sin afiliación política sobre la aplicación de la ley migratoria federal. De acuerdo con los promotores del asilo, las cortes usan normalmente un informe obsoleto del Departamento de Estado que no describe correctamente la atmósfera actual en México.

Einhorn sugirió que muchos jueces migratorios no aceptan que México, como democracia, tenga problemas de persecución, particularmente en gobiernos locales. Dijo que hay un profundo desacuerdo sobre si las personas que huyen de la persecución de los carteles de la droga son elegibles para recibir asilo.

Para probar que son candidatos al asilo, el “asilado” debe establecer que él o ella no pueden regresar a su país de origen debido a la persecución o al temor fundado de persecución debido a raza, nacionalidad, religión, miembro de un grupo social u opinión política.

Para algunos abogados, incluyendo a Beckett, existe un nudo inconcebible con los reclamos de asilo, debido particularmente al rol ambiguo entre los procuradores de justicia – oficiales del ejército y la policía – y los mercenarios del narco.

Craig Shagin, una abogada de asilo en Pennsylvania, dijo que ha tenido clientes del valle de Juárez que testifican las amenazas recibidas del ejército mexicano para evacuar o les dispararán.

“Así que ellos (los militares) han literalmente vaciado el valle, y ¿cuál es la respuesta del gobierno mexicano a esto? nada,” dijo Shagin. “¿Se puede imaginar que algo similar sucediera en los Estados Unidos, donde una parte del país estuviera prácticamente invadida por los militares estadounidenses para beneficiar al cartel y que no pasara nada?”

Shagin dijo que la persecución basada en un grupo social en México, es un caso muy difícil de probar debido al marco limitado de legalidad dentro del cual los jueces determinan sus decisiones. Dijo que reportes previos con detalle de la evidencia de amenazas de tortura fueron desechadas.

Emilio Gutiérrez Soto and Ricardo Chávez Aldana. (John De Frank/Borderzine.com)

Emilio Gutiérrez Soto y Ricardo Chávez Aldana. (John De Frank/Borderzine.com)

Emilio Gutiérrez Soto, un periodista del estado de Chihuahua que escribe historias de abusos en derechos humanos del ejército en su región, huyó junto con su hijo adolescente a los Estados Unidos en 2008, después de haber recibido amenazas de muerte. Gutiérrez Soto fue detenido siete meses y su caso sigue pendiente.

En relación al caso de Soto, el ejército mexicano ha rehusado investigar sus declaraciones, negando cualquier abuso, de acuerdo con información asentada en una carta enviada al Embajador de los Estados Unidos y Canadá, por los Periodistas canadienses por la libre expresión (Canadian Journalists for Free Expression en inglés).

“Su caso implica al ejército mexicano, el cual recibe una gran parte de los $450 millones en ayuda de la Iniciativa Mérida que los Estados Unidos dan al gobierno mexicano para la guerra contra las drogas,” dice la carta.

Otro caso de asilo de alto perfil involucra a Jorge Luis Aguirre, un reportero de La Polaka en Ciudad Juárez, quien fue amenazado por las pandillas de la droga en 2008. A diferencia de Soto, el recibió asilo en septiembre de 2010 y no fue detenido. Varios abogados han comentado que la razón por la que Aguirre no fue detenido es porque su petición fue afirmativa, y cruzó la frontera con documentos legales.

Las solicitudes afirmativas son peticiones de asilo que son aprobadas a través del departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security), lo cual quiere decir que no pasa por el sistema de cortes migratorias. Las solicitudes de defensa son solicitudes afirmativas denegadas. El caso de Soto fue de defensa y no tenía documentación legal cuando se acercó a los oficiales migratorios.

Es más difícil para un abogado establecer el mérito de un caso mientras esa persona está detenida.

Sin embargo, debido al amplio descuido federal en las decisiones de asilo, la determinación de persecución basada en grupos sociales se decide con mayor frecuencia bajo el marco de caso por caso, lo cual causa más confusión entre los abogados quienes alegan que el proceso es subjetivo e inconsistente.

Para aquellos con las situaciones más angustiosas, enfrentar las consecuencias amenazantes de México es preferible a considerar un resultado vago. En 2010, un policía de Juárez buscó asilo en Estados Unidos después de huir de una escena de ventanas destrozadas por las balas. Harto de su largamente atrasado caso, regresó a México y fue muerto a balazos.

En Ciudad Juárez 111,103 hogares fueron abandonados y en Praxedis G. Guerrero, una población cercana, 100 kilómetros al este, tiene vacantes el 61 por ciento de sus casas habitación. Marisol Valles, la estudiante universitaria de 21 años que asumió el intimidante trabajo de jefe de policía en Octubre de 2010, huyó a Texas en busca de asilo en marzo de 2011, después de recibir amenazas de muerte.

El pueblo ha sufrido batallas por el control de parte de los carteles de Juárez y Sinaloa. Las víctimas dicen que hombres armados los han forzado a irse.

Las calles están plagadas con asesinatos, torturas y secuestros. Adornando la influencia de la cobertura de los medios, están las imágenes de cadáveres desmembrados. Las casas desiertas han dejado cicatrices de tiroteos constantes, mientras los sollozos ensordecedores de las familias desgarradas se limitan a silenciosas súplicas.

“Es un desafortunado efecto secundario de lo que está pasando actualmente,” dijo Ricardo Alday, vocero de la Embajada de México en Washington D.C., cuando se refiere al número de peticiones de asilo. “No nos gusta. Estamos tratando de hacer lo más que se puede como gobierno y estado para tratar de garantizar la seguridad para todos.”

El gobierno estadounidense ya ha comprometido más de mil cuatrocientos millones de dólares para contraatacar la violencia del narco en México desde 2007, a través de la Iniciativa Mérida desde 2007, también ha generado fuertes críticas de los activistas de derechos humanos, quienes reclaman que esas políticas solo están dando más incentivos para la agresión irrestricta por parte de los militares en contra de sus propios ciudadanos.

Las quejas documentadas de abusos militares desde 2007 abarca 4,300 casos de ejecuciones arbitrarias, torturas, asaltos sexuales y robos, de acuerdo con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Charles Luoma-Overstreet, consejero de prensa y vocero para Asuntos Hemisféricos Occidentales del Departamento de Estado, aclara que garantizar asilo es una decisión legal y no política. También reiteró la importancia de las relaciones fronterizas.

“En su reciente (3 de marzo) reunión, los presidentes Obama and Calderón reiteraron que la relación bilateral entre México y los Estados Unidos está basada en lazos robustos, de muchos niveles, institucionales, económicos, sociales y culturales, y nunca ha sido más fuerte que ahora,” escribió Luoma-Overstreet. “La Secretaría ha dejado muy claro que la relación México-Estados Unidos es “una de las relaciones más importantes que existen entre dos países en el mundo.”

Contrariamente a esas declaraciones, el llanto que resuena de la joven mujer policía refleja una realidad distinta.

Sin garantías de que cesarán las amenazas de muerte para terminar con su vida y sin nadie a quien acudir, a esta ex-policía la han dejado abandonada. No hay protección ni prestaciones para los oficiales. Los policías son tratados como la más baja escoria, acusados de corrupción, pero ella dice que ellos no son el problema.

“¿Sabes que le diría yo a los EE.UU.? … Piensen humanitariamente en los ciudadanos pobres vulnerables … Piensen en la gente que trabaja bien … Y no ayuden al gobierno … Los millones de dólares que le manda al gobierno de México en vez de usarlo para ayudar a la gente le están usando para ayudar al cartel mayor … Por eso han habido tantas muertes…” dice ella, resaltando que la llegada de los militares en 2007 coincidió con el inicio de la violencia.

Comments

comments

Comments are closed.